Pregunta recurrente, para aquellos que nos interesa la vida social y política de una comunidad, ciudad, país o el mundo en su conjunto, que tenemos una cabeza entrenada en el arte de leer entre líneas, que desconfiamos de la información que circula y la intentamos comprobar de varias fuentes, para los que sí tenemos en claro que modelo sociopolítico es el que debemos defender, y por caso militar, en definitiva, para muchos de nosotros que somos para bien del conjunto unos cuantos ¿no es hora de preguntarnos si verdaderamente hemos naturalizado el desmadre del estado de las cosas?. Y con ese estado de las cosas me estoy refiriendo al grado de descomposición que ésta, de por sí ya democracia de baja intensidad, haya mutado hacia un estado de absoluta excepción en casi todos los ámbitos de lo público, y por ende de su articulación con lo privado, y a una implosión de los pilares democráticos fundantes como es el de la división de poderes que un sistema presidencialista, republicano y federal como el nuestro, debería sostener y fortalecer permanentemente. Hemos arriado acaso históricas banderas de tiempos pasados, que en este caso se verifica siempre fueron mejores, como para internalizar pasivamente que son las corporaciones las que, en su voracidad y omnipresencia financiera, hayan cooptado a los poderes que elegimos y los que no también.
El ejecutivo se encuentra históricamente condicionado por el pretexto de la correlación de fuerzas desfavorables, aunque la historia demuestra que con voluntad política ese argumento es endeble, que condicionan a funcionarios públicos a no afectar intereses de sectores minoritarios pero con poder, no sea cosa que sus lógicas de proyección de carrera se vean afectadas por alguna información, verdadera o no ya en esta etapa de posverdad poco importa, o desempolven algún carpetazo, del mismo modo verdadero o no, que dañe su reputación y honor de por sí siempre en sano escrutinio. Por acción u omisión el ejecutivo siempre interviene en el campo de probabilidades de administrar lo posible, una acción rupturista traerá una reacción que mida el volumen político que lo sustente y hasta donde es posible avanzar, en cambio ante una tibia o cómplice acción en desmedro de las mayorías, tendrá su reacción al momento del sufragio que como siempre llegara tarde, mal o nunca. Para los actores de la sociedad les resulta casi imposible doblegar decisiones que se cocinan entre bastidores, y para cuando se tornan operativas, los mecanismos previstos para su corrección casi siempre se diluyen en tiempos ajenos a la premura social o son cajoneados esperando que desaparezca el temblor.
El legislativo, supuestas casas de nosotros todos, en su lógica de toma y daca, de compra y venta de apoyos a distintas iniciativas, no se encuentra por fuera de las influencias mediáticas, corporativas o del mandamiento de sus terminales políticas. El alineamiento a los distintos bloques casi siempre otorga una cierta previsibilidad de sus integrantes, sobre todo en este fenómeno global de sociedades con modelos tan polarizados y antagónicos, en donde quién propone sabe con certeza que el otro no lo apoyara en nada. Pero nuestro creativo parlamento, no solo sigue este expandido modus operandi, sino que en su implosión de representación hace que todas las decisiones que no concuerden con el interés de sus representados, que claramente no es el pueblo sufragante, se judicialicen metiendo por la ventana al otro poder del Estado para que sea el árbitro que dirima lo que deberían debatir y acordar las distintas fuerzas parlamentarias.
Estos dos poderes democráticos, al menos se encuentran sujetos a la elección popular que premia o castiga según la percepción emocional o informacional que disponga, pero el judicial, este tercer poder que debería ser el garante imparcial de constitucionalidad y el que administre justicia equitativa para todos, no se encuentra sujeto al molesto arbitrio de lo popular, su lógica de supervivencia es cuasi monárquica y por líneas de sangre, de abuelos a padres, a hijos o familiares cercanos, garantizando la uniformidad ideológica de la fauna judicial. Además de contar en su haber con prerrogativas fiscales, jubilatorias y de fueros que nadie por fuera de esa casta real puede ostentar. Como administradores de un poder omnímodo solo pueden ser objetados, sancionados o destituidos por mal desempeño por un engendro nacido al fragor del Pacto de Olivos en la constituyente del ‘94 conocido como el Consejo de la Magistratura, quien en la actualidad mediante una pirueta digna de un contorsionista la preside el también presidente nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin lugar a duda, un negocio redondo.
En nuestra región, y a modo de un segundo Plan Condor, el Poder Judicial, o para hacer “justicia” una parte mínima pero poderosa del mismo, ha claudicado de sus deberes de funcionarios públicos y administran una flagrante parcialidad en contra de aquellos sectores que el poder considera, ya no como adversarios sino como enemigos. La descarada intromisión de este sector no es únicamente en contra de algunos dirigentes, como se lo hace circular para el consumo masivo, sino en contra de toda la población que ve afectadas sus garantías constitucionales en su cotidianeidad. Pensemos como ejemplo el precio de las prepagas, el de los servicios informáticos y su negación a declararlos públicos, el precio de los alimentos o la autorización de importaciones en bienes suntuarios, que mediante estrategias cautelares permitieron el drenaje de dólares destinados a la producción. Es absolutamente claro que esta parcialidad judicial representa intereses de sectores económicos por sobre los constitucionales. Es tanto el nivel de degradación que algunos inferíamos, aunque sin pruebas, hasta que aparecieron chats filtrados en una guerra intra bando mafioso, en donde un operador judicial adscripto al presidente de la Corte Suprema arreglaba con el titular de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Bs. As. la estrategia que el bloque parlamentario opositor debería seguir para impedir el acceso de miembros del oficialismo al Consejo de la Magistratura, o que a jueces y camaristas que habían fallado oportunamente a favor del Grupo Clarín, junto con ex agentes de inteligencia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, les financiaron un viaje al paradisíaco y usurpado Lago Escondido por nada menos que el segundo y el asesor jurídico del grupo mediático más importante del país. Cuánta razón tenía “Minguito”, los grupos comerciales de comunicación son el cuarto, y tal vez, el más importante poder en la actualidad.
A estas alturas no hace falta siquiera pensar de que lado de la funcional grieta estás, siendo argentino, ya formas parte de esta implosión de la matrix democrática. Solo nosotros todos podemos encauzar nuevamente esta joven democracia a punto de cumplir 40 años de su recuperación.
Ojalá nos veamos en las calles.